Se presenta una nueva fase en el conflicto en Palestina con el anuncio de la fiscalía del Corte Penal Internacional (CPI) de «lanzar una investigación sobre la situación en Palestina».

El inicio de esta investigación se produce a petición de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la Corte Penal Internacional. Mahmoud Abbas, presidente de la ANP, ha intentado rechazar el conflicto armado en favor de la vía diplomática y este ha sido el punto más avanzado al que ha llegado. En un comunicado subrayó que «los crímenes cometidos por los dirigentes de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, que son crímenes continuados, sistemáticos y generalizados, hacen que la investigación sea necesaria y urgente».

La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, ha indicado que «la investigación abarcará crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron cometidos (…) desde el 13 de junio de 2014». Seguidamente pidió a las partes la mayor colaboración posible y aseguró que «nuestra preocupación principal serán las víctimas de los crímenes, tanto palestinas como israelíes».

Desde Palestina se ha aplaudido la decisión considerando que serán ellos los más beneficiados por la investigación. En cambio, Israel ha calificado el anuncio como «puro antisemitismo» y Netanyahu se centró en criticar la decisión de investigar las acciones de su Estado. «Se ha decidido que nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas», alertó el primer ministro.

En la lista de investigados entrará el primer ministro, el jefe del Ejército y los altos mandos de unidades principales. Por ello hemos visto posicionarse rápidamente en contra al gobierno israelí. El ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, considera la decisión de la CPI «moral y legalmente arruinada» y el ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró el martes que «cientos» de israelíes podrían ser objeto de la investigación por crímenes de guerra.

Resulta curiosa la respuesta de Israel porque la investigación podría darles la razón en varios puntos y reivindicar la situación de los civiles israelíes que han sido victimas de los ataques palestinos. Además, Israel está buscando aliados internacionales que rechacen una posible sentencia desfavorable, como podría ser EE.UU.

Además, desde la Fiscalía General israelí se ha argumentado que la CPI «carece de jurisdicción» para investigar presuntos crímenes de guerra en territorio palestino. El fiscal general, Avijai Mandelblit, aseguró en un comunicado que Israel está «comprometido con los valores fundamentales del derecho internacional y se comporta de acuerdo con estos».

El argumento esgrimido por Mandelblit es que el Estado de Israel «cuenta con un sistema sólido para examinar presuntas violaciones de la ley internacional y es plenamente capaz» de abordarlo «por sí solo», por lo que «no hay absolutamente lugar para la intervención de la CPI» en asuntos que están «bajo jurisdicción» israelí. Una postura que fue apoyada en su momento por Alemania, Australia o Canadá, entere otros, que consideran que no existe un Estado palestino soberano.

Otro de los actores internacionales investigados será Hamás. Hazem Qassem, portavoz islamista, se mostró favorable a las pesquisas y declaró a Reuters que «es un paso adelante en el camino para lograr justicia», refugiándose en que la ley internacional aprueba «la resistencia legítima».

 

Por Redacción de Perspectiva Libre

Fotografía de: Télam

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