La frontera terrestre que delimita a España y Marruecos es considerada una de las fronteras internacionales más pequeñas del mundo. Aun así, es de las más importantes y con mayor debate en cuanto a su gestión y funcionamiento. Debido a su situación geográfica estratégica, España es una de las principales vías de acceso de muchos migrantes provenientes de países africanos. También es la encargada al mismo tiempo de impedir la inmigración irregular y el contrabando hacia la Unión Europea, lo cual se ha acrecentado a partir de la securitización y la externalización de fronteras en los últimos años. Posee una triple valla formada por dos pasos fronterizos, uno en Melilla, y otro en Ceuta, ambos abiertos todos los días del año. Las fronteras marítimas también son de especial importancia ya que constituyen una de las rutas más concurridas en cuanto a inmigración irregular. Para facilitar la relación internacional, ambos países tienen creados diferentes acuerdos con respecto a intereses sociales, económicos y políticos, convirtiéndose así en principales socios estratégicos. Pero ¿cómo han influido estos acuerdos en materia migratoria? ¿De qué forma ha cambiado la situación con respecto al tránsito de la migración tras el cierre de sus fronteras con la llegada de la pandemia?

Vallas de la frontera entre Marruecos y España/El País

El primer acuerdo creado entre ambos países fue en 1992, denominándose “Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la Readmisión de extranjeros entrados ilegalmente”, convirtiéndose Marruecos en el primer estado africano con el que España concluía un primer acuerdo de readmisión y siendo el único instrumento de los concertados con otros Estados africanos (exceptuando Mauritania) que acepta el tránsito para la expulsión de nacionales de terceros estados”. Una de las consecuencias de este acuerdo que sigue sucediendo a día de hoy, y que podemos ver en los medios de comunicación, son las expulsiones en caliente, retornos y readmisiones, avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que violan al mismo tiempo el artículo del Convenio Europeo de Derechos humanos (CEDH) que prohíbe claramente las expulsiones colectivas. En 2018, dicho acuerdo fue reactivado con el objetivo de llevar a cabo la expulsión de 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta, la cual fue llevada a cabo por la policía de forma individual. Tras otros tres acuerdos posteriores, el pasado febrero de 2019, se realizaba de manera extraoficial  y no publicado  en el BOE un acuerdo sobre el “Memorando de Entendimiento en el marco de la Asociación Estratégica Multidimensional, sobre cooperación bilateral, incluyendo diálogo político y de seguridad en materia migratoria” , lo que supuso un avance en las relaciones entre Marruecos y España, ya que según éste mismo: “Los principios que deberían guiar esta asociación son la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial, la solución pacífica de los diferendos, la amistad y la buena vecindad, la igualdad, el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación a pie de igualdad, así como el respeto de la legalidad internacional”

Paso fronterizo de Beni Ensar en Melilla/ El Español

El diálogo y la creación de acuerdos entre dos países colindantes, cuyas fronteras deben ser gestionadas a través de alianzas en materia socioeconómica y cultural, son cruciales para promover las relaciones comerciales y económicas desde una transparencia y legalidad demostrables, y por supuesto, para facilitar la creación de vías más seguras en cuanto a la migración. También es importante hablar en términos de la Unión Europea, cuya política migratoria común comenzó realmente en 2009 con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es decir, hace relativamente poco tiempo. Se trata de una política que avanza lentamente sin que las instituciones dispongan de una competencia plena en este campo. Se ha podido observar recientemente, debido a la situación tan extraordinaria que se está viviendo, de qué manera urge la necesidad de una política migratoria europea seria y coherente, que esté ubicada en un marco común y que obligue a los distintos países que forman parte de la UE a contribuir en cuanto a las solicitudes de asilo, y en la que se incluyan programas de acogida e integración y no únicamente de gestión y control fronterizo.

Un hecho que complicó la colaboración entre países en materia migratoria y de asilo fue la crisis económica del 2008, ya que supuso un punto de inflexión en cuanto a la politización de las migraciones y la securitización, incrementándose con los años y con un recrudecimiento actual tras la llegada de la pandemia por COVID19. Partidos políticos y medios de comunicación han llevado a cabo campañas posicionándose totalmente en contra de la llegada de personas migrantes a las costas españolas y criminalizando a quienes cruzaban la frontera terrestre hispano-magrebí creando una alarma social.

¿Cómo ha afectado a nivel económico y a los migrantes el cierre de la frontera?

La frontera terrestre hispano-marroquí ha permanecido cerrada desde el pasado 13 de marzo de 2020, produciéndose diferentes prórrogas. Respecto a cómo ha afectado este cierre “Marruecos ha establecido durante tres meses uno de los más rigurosos cierres de frontera en todo el mundo, dejando bloqueados en distintas partes del mundo a casi 32.000 personas” contando únicamente con personas que se encontraban de turismo, negocios o visitas familiares. Sin embargo, quienes llegaban a través de flujos migratorios por vías irregulares y los trabajadores transfronterizos son quienes más lo han sufrido. Tanto los accesos desde Ceuta y Melilla como los trayectos desde los puertos de Algeciras y Tarifa permanecen cerrados por decisión del Gobierno marroquí. Este cierre ha causado una paralización general de la actividad económica en ambos países. Al ser España el socio principal de Marruecos, todo lo que suceda en territorio español afecta directamente al territorio magrebí. Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo informan que la cifra de exportaciones de España a Marruecos aumentó de enero a abril de 2019, cayendo posteriormente debido al confinamiento. Aun así, el pilar económico y comercial sigue imperando por encima de la gestión migratoria tal y como se ha podido ver durante la pandemia y las medidas políticas tomadas.

El 9,2% de los inmigrantes irregulares que llegan a territorio español provienen del continente africano, siendo la mitad de éstos procedentes de Marruecos. Las restricciones en la movilidad y el cierre de la frontera de Marruecos han dejado al descubierto ciertas necesidades como son las labores agrícolas, desempeñadas en gran parte por muchos trabajadores transfronterizos que se desplazan en temporada y que se han visto en una difícil y angustiante situación por la pérdida de empleo, al no estar amparados por los sistemas de protección social ordinarios y quedar excluidos de las medidas de trabajo decente. Muchos hogares dependen únicamente de estos ingresos económicos que obtienen del trabajo precario e irregular sin ningún tipo de prestación social y que ha demostrado una necesidad de regulación, solicitada desde diferentes ONGs y las propias empresas al gobierno español y marroquí para finalizar con el bloqueo. Aun así, las medidas y decisiones que se han tomado han sido ligadas a una securitización y externalización de la frontera, reforzando el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) a través de los mismos instrumentos y mecanismos de control de flujos migratorios que tras haber mostrado una serie de problemáticas, han hecho cuestionarse ciertos procedimientos que empujan a una reformulación de las acciones planteadas y realizadas hasta la fecha, con nuevas propuestas y recomendaciones. Según Alberto Ares director del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de Comillas, “se gasta el dinero en levantar vallas y reforzar la seguridad para defender nuestras fronteras en lugar de invertir en la integración y la inclusión de los inmigrantes”

Temporeras marroquíes de la fresa/El País

El pasado mes de julio de 2019, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comentaba: “España mira a Marruecos como un país hermano y socio estratégico de primer orden…” “Apoyaremos a Marruecos en sus relaciones con la Unión Europea y proyectaremos el dinamismo de los intercambios económicos, sociales y culturales de nuestras sociedades en todos los ámbitos” Pero,  en lo que respecta a los intercambios socioeconómicos y culturales, este mismo dinamismo que se debería haber fomentado y facilitado en época de pandemia no ha tenido en cuenta la situación laboral de muchos migrantes transfronterizos anuales que se encuentran trabajando en situación de precariedad e ilegalidad y que contribuyen al mismo tiempo al desarrollo económico español a través de lo que denominamos “economía sumergida”.

Para promover un intercambio social y cultural entre Marruecos y España, tal y como se menciona en el último acuerdo, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyas líneas de trabajo son con personas migrantes y solicitantes de asilo, manifiestan y solicitan un cambio en el enfoque actual de las políticas migratorias, las cuales deshumanizan a la persona migrante, facilitando vías legales de acceso junto a un seguimiento profesionalizado y más humano en la misma frontera, cuyo objetivo sea la acogida y la integración dentro de un sistema que lo gestione correctamente.

Por Beatriz García de la Torre

Fotografía de: Público.es

Leave a Reply