En pocos días tendrán lugar las elecciones generales de Bolivia y por las informaciones que se nos han ido dando, se plantean como las más importantes de la historia democrática boliviana. Esto se debe a que se han configurado como una guerra abierta entre los dos principales partidos, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC). El candidato de MAS y, por tanto, sucesor de Evo Morales, una figura clave en la política boliviana, será Luis Arce Catacora; y según datos de CiesMori, encabeza la preferencia del electorado con un 30,6 %. De cerca, con un 24,7% le sigue Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana y expresidente de Bolivia. Sin embargo, se espera que ninguno de los dos acepte un resultado desfavorable en las elecciones, lo que desembocaría en graves problemas democráticos para la nación boliviana.

Viendo esta extravagante y peligrosa situación es normal que nos preguntemos cómo hemos llegado hasta aquí. Pues bien, tendremos que remontarnos hasta hace un año, concretamente al 20 de octubre de 2019, día en el que estaban señaladas las elecciones generales de Bolivia. En estas elecciones volvían a concurrir los dos grandes partidos, CC y el MAS, pero este último tenía un conocido candidato, Evo Morales, que se presentaba para ocupar el cargo durante un cuarto mandato cuando la Constitución solo permite dos reelecciones. Esta situación fue conseguida tras una reforma constitucional y una polémica sentencia del Tribunal Constitucional. El caso es que a las 19 horas todo apuntaba a que, a pesar de la victoria de Morales, los bolivianos tendrían que irse a una segunda vuelta donde Carlos Mesa tal vez hubiese tenido la oportunidad de ganar; sin embargo, a las 21:25 horas, sin que el recuento actualizado se hubiese publicado, Morales salió a anunciar su victoria. Los resultados no se publicaron hasta un día después y en ellos se reflejaba un gran aumento de votos a favor de Morales que lograba evitar la segunda vuelta. Este extraño suceso alertó a los observadores internacionales y a la Organización de los Estados Americanos (OEA), los cuales se mostraron preocupados ante la brecha informativa.

Fotografía de: Infobae

Posteriormente la OEA realizó una auditoría y publicó un informe donde declaraba “graves irregularidades” en el proceso electoral, lo que le llevó a pedir unas segundas elecciones en Bolivia. Carlos Mesa y los opositores bolivianos se lanzan a la calle asegurando que las elecciones habían sido fraudulentas y en ese momento se inician protestas en todo el país en contra del presidente, las cuales serán conocidas como “la Revolución de las Pititas”. El 23 de octubre Morales decide contratacar y denuncia públicamente que los opositores intentan dar un golpe de Estado, lo que acabó por confirmar el cisma de la sociedad boliviana.

Las protestas comenzaron el 21 de octubre y duraron 21 días, por lo que también se conocen como “los 21 días de Resistencia”. Al principio solo se trataba de un parón cívico en contra del supuesto fraude electoral pero rápidamente la tensión entre las masas ciudadanas creció hasta convertirse en algo insostenible, las manifestaciones de las regiones centrales del país pronto se volvieron violentas y comenzaron a provocar incendios y fogatas en la sede del MAS, en las oficinas Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca y en diversos tribunales electorales. La policía trataba de dispersar las violentas multitudes con gases lacrimógenos.

Por su parte los afines a Evo Morales también organizaron protestas y movilizaciones para apoyar a su presidente y pronto empezaron también a volverse violentas. Así nos encontramos en una suerte de guerra civil, donde la población se muestra ajena y recelosa de las instituciones, donde turbas de obreros, estudiantes, agricultores y grupos indígenas se organizan para invadir provincias vecinas del signo contrario y estas responden con bloqueo de carreteras. La policía era incapaz de controlar a grupos tan numerosos, que sobrepasaban fácilmente las filas de agentes que se interponían entre los bandos. Con los bloqueos de carreteras, la destrucción de inmuebles tanto públicos como privados, los altercados, palizas y humillaciones a políticos y civiles, el país amenazaba con destruirse a sí mismo por completo.

Fotografía de: El Dínamo

La balanza entre aliados y detractores de Evo Morales se encontraba demasiado ajustada y ya nadie hacía caso a los mensajes del Tribunal Supremo Electoral, cada bando había sentenciado en un sentido u otro. Para algunos se trataba de un fraude electoral para perpetuar el poder de Evo Morales, configurándose como una especie de autogolpe de Estado; para otros, la derecha boliviana e internacional había conjurado para quitar forzosamente del puesto a un presidente socialista que había desarrollado Bolivia en todos los sentidos. Nada les hizo cambiar de opinión y aún ahora hay un intenso debate en torno a la figura del expresidente.

El desbloqueo de la situación ocurrió el 8 de noviembre, cuando varias unidades de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), encargadas de proteger a Morales, se amotinaron. Según Reuters, la agencia británica de noticias, el descontento de la policía comenzó cuando se empezaron a recibir órdenes de reprimir a los manifestantes de la oposición y favorecer a los grupos a favor de Morales. Este movimiento refuerza decisivamente a los opositores bolivianos y será el comienzo de la pacificación del Estado. El 10 de noviembre Evo Morales declara que está “decidido, primero, a renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral” y a “convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos”. La respuesta este mensaje llega por parte de las Fuerzas Armadas, que hasta el momento pedían una resolución política del conflicto ya que no deseaban intervenir contra la población de Bolivia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, decidió enviar una sugerencia, en virtud del artículo 20.b de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, “al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. Esta declaración puso en jaque a Evo Morales, que se vio obligado a renunciar a su cargo.

Ante la renuncia del presidente la Constitución boliviana, en su artículo 169, establece que asumirá el mando el vicepresidente o en su defecto el presidente del senado, y que, en defecto de este, debe asumirlo el presidente de la cámara de diputados. Sin embargo, junto con Morales, renunciaron también el vicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes de ambas cámaras, dejando al país sin gobierno. Ante esta inesperada situación, el Tribunal Constitucional se vio obligado a interpretar ciertos artículos de la Constitución y avalar la presidencia de Jeanine Áñez Chávez, hasta entonces segunda vicepresidenta del Senado, por entender que se requería una sucesión constitucional lo antes posible. Áñez consiguió el cargo el 12 de noviembre en una sesión legislativa que no contaba ni con el quórum, donde los representantes del MAS ni siquiera participaron para oponerse a esta sucesión. A la toma de posesión siguieron manifestaciones de los partidarios del MAS, pero la gravedad del conflicto nacional había disminuido significativamente. Finalmente, el 5 de diciembre la OEA publicó sus conclusiones sobre los comicios del 20 de octubre declarando que “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”, lo que supuso el último golpe para el expresidente.

Las protestas se saldaron con 32 muertos y 715 heridos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aunque las aguas se han tranquilizado bastante, no se ha conseguido pacificar el territorio, que sigue observando como miles de personas salen a la calle a manifestarse, tensas por los retrasos en las elecciones que está provocando la pandemia de coronavirus. Mientras, la comunidad internacional se encuentra expectante ante lo que podría pasar el 18 de octubre de 2020.

Por Adrián del Río Montero

Fotografía de: La Tercera

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