Adrián Del Río Montero

La seguridad es un derecho constitucional fundamental, formulado en el artículo 17 de nuestra carta magna y por lo tanto debe estar garantizada por el Estado. Sin embargo, vamos a centrarnos en el aspecto más práctico de esta realidad y, concretamente, en qué ocurre cuando este derecho no está asegurado. Cuando la sociedad siente que el Estado no está actuando correctamente, aparece una tendencia a la autoorganización, a tomar la justicia por su mano y a crear sus propias herramientas para asegurar su protección.

En el campo de la seguridad personal esta autoorganización ha aparecido en forma de patrullas ciudadanas, las cuales realizan una actividad de alerta y prevención en los lugares considerados más peligrosos o conflictivos. Un buen ejemplo de esto es la reciente llegada de los Guardian Angels de Nueva York al metro de Barcelona, dónde la presencia de carteristas se ha vuelto insostenible, hecho que, entre otros crímenes cada vez más constantes, ha llevado a la capital catalana a convertirse en una de las ciudades con más delincuencia de España. Esta situación ha motivado a un amplio grupo de personas a ser adiestrados por la ONG americana en defensa personal y tácticas grupales para llevar a cabo una disuasión e incluso reducción del delincuente y,  aunque este es el caso más llamativo  no es la única patrulla ciudadana de la ciudad, ni mucho menos del país.

Las patrullas ciudadanas han existido en otros contextos y se han tratado de formas muy distintas, mientras que por ejemplo en Italia se llegaron a legalizar y poner bajo las órdenes de la policía, en España hemos optado por atacarlas institucionalmente, a pesar de que su actividad en principio no se puede considerar ilegal, ya que se basa en alertar a los viajeros de la existencia de carteristas en la zona, así como evidenciarlos a golpe de silbato y armados con gas pimienta. Además, cabe destacar que estas asociaciones gozan de una buena asistencia legal para conocer los límites de sus actuaciones. Socialmente, su situación es más favorable, ya que la población no ha tomado un bando claro, pero muchos ven una cierta heroicidad en estos individuos y se defiende que algunas de sus actuaciones han dado resultados muy positivos consiguiendo identificar o reducir al delincuente y ponerlo a disposición de la policía.

Sin embargo, no debemos quedarnos en la imagen superficial ni valorar su utilidad por encima de su razón de ser. Estas patrullas, a pesar del cariz privado que poseen, no se tratan de empresas que podamos elegir y contratar, sujetas al pacta sunt servanda (los pactos se deben cumplir) que gozan de unas obligaciones contractuales que les sirven como normas de actuación, pudiendo impugnarse sus actos por la vía del derecho contractual, lo que, en última instancia, asegura la existencia de unos vigilantes con preparación adecuada y responsabilidad por sus acciones. Pero tampoco son funcionarios públicos, identificados con placas y legitimados tanto legal como socialmente, pagados con dinero estatal para esa función, existiendo para mantener el orden social y garantizar la seguridad ciudadana y dotados de trámites legales firmes que intentan evitar la mala praxis y la corrupción.

Esto nos alienta a reflexionar qué son realmente estos individuos que, con toda su buena voluntad, no lo dudo, se han erigido como nuestros vigilantes. Pues no son más que eso, individuos cualesquiera, autoproclamados garantes de nuestra seguridad, que se han puesto por encima del ciudadano común para protegerle, sin legitimación, sin preparación, únicamente con voluntad de asistencia. Estos grupos no están sujetos a normas especiales, ni poseen ataduras legales que guíen su actuación y que nos protejan al resto. No es menester en un estado de derecho que grupos organizados salgan a la calle a señalar e increpar a sujetos seleccionados con criterios que podrían llegar a considerarse dudosos o incluso arbitrarios, ya que se mueven por memoria o intuición. Tampoco se debería aplaudir videos de un hombre dando collejas a supuestos carteristas sin que nadie se pregunte si su motivación es realmente justa y no está viciada por ninguna inercia racista, xenófoba o cualquiera otra entre otras posibles. Y aun poniéndonos en la postura de que todas sus actuaciones fuesen justas e impolutas, carentes de deslices o errores, debemos pensar que en nada nos beneficia como sociedad que nuestros ciudadanos se pongan en una situación de peligro de forma voluntaria, llevando a cabo una labor que no tendrían que hacer en ningún caso, encontrándose en una situación de profunda desigualdad de condiciones. Esto se debe a que, por mucha defensa personal, silbatos y spray que tengan, no puede equipararse a un delincuente que vive saltándose la ley y del cual no se espera que atienda a la integridad física de su contrario; aún no se ha dado el caso pero a nadie sorprendería que algún día saliese a escena algún puñetazo o incluso puñalada, ante lo que poco podrían hacer estos vigilantes que no portan armas ni protecciones.

Por lo tanto, no confundamos la proliferación de patrullas callejeras como una solución al problema de la delincuencia, es simplemente otra ramificación de la misma mala situación, y tanto si apostamos por una seguridad liberalizada como si defendemos el poder coactivo del Estado a través de las fuerzas de seguridad, deberíamos llegar todos a la conclusión de que esta situación es insostenible y estos grupos no deberían existir.  Empecemos a demandar una seguridad eficaz, como debe ser, porque cuando la haya, este tipo de organizaciones ya no serán necesarias y supondrá algo menos de lo que preocuparse. Seamos lógicos y dejemos a héroes y justicieros para las películas.

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